En una insólita decisión, el juez Walter Federico Saettone, titular del Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En consecuencia, impuso una prohibición de contacto, por cualquier medio, a los periodistas Leandro Camani, Matías Yofe, Facundo Del Gaiso y a otros seis comunicadores, todos ellos denunciados por presunta extorsión agravada.
Además, el magistrado dispuso la prohibición de acercamiento de estas personas al domicilio del denunciante y a los lugares donde desarrolla sus actividades habituales, en un radio de 500 metros por un plazo de 90 días. Asimismo, ordenó que los implicados se abstengan de realizar conductas que impliquen la captación, reproducción o exposición de datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante. La medida exceptúa manifestaciones o referencias vinculadas a su actividad pública o a asuntos de interés general, siempre que no impliquen contacto directo o indirecto ni la difusión de datos personales.
La resolución de Saettone afecta a periodistas como Leandro Camani, Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa; al legislador Facundo Del Gaiso y al dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe, entre otros. Este lunes, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un durísimo rechazo a la medida, advirtiendo que implica “un serio efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa”.
El comunicado de ADEPA sostiene que “la utilización de una denuncia penal para imponer restricciones cautelares a periodistas, sin fundamentos específicos, es un mecanismo indirecto para entorpecer la labor periodística, en los términos del artículo 13 del Pacto de San José, Costa Rica”. Además, enfatiza que esta práctica viola la prohibición de establecer censura previa a la libertad de expresión y prensa, consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
En la misma línea, la entidad remarcó que la seguridad personal y la intimidad merecen protección, pero “esa tutela debe ser compatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. Advirtió que una decisión como esta “constituye un peligroso antecedente que, de generalizarse, permitiría judicializar la crítica, los criterios editoriales y la labor periodística en general, con grave afectación al debate público, esencial para un sistema democrático”.
El fallo de Saettone contra los periodistas fue difundido en redes sociales por el abogado Gregorio Dalbón, cercano al kirchnerismo, incluso antes de que los afectados fueran notificados oficialmente de la medida cautelar. No resulta casual que Dalbón, abogado de Tapia y del dirigente AFA Marcelo Toviggino, haya recurrido a un juez de Pilar, el mismo distrito donde Tapia busca trasladar la sede institucional de la AFA.
Saettone es el mismo juez que ordenó el allanamiento a la casa de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica y uno de los denunciantes en la causa por una lujosa quinta en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, valuada en unos 20 millones de dólares y sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la AFA.
En la denuncia presentada por Tapia ante Saettone, se sostiene que “Leandro Camani, en su rol de empresario de audiovisuales y fotomultas, se habría valido de esa posición para financiar a Yofe y Del Gaiso junto con los periodistas mencionados para mantener en los medios vigente el tema ‘AFA’, respecto del cual Tapia es presidente, y que estos periodistas serían premiados con el Martín Fierro, que Camani solventaría y sustentaría”.
El magistrado señaló que las actitudes del grupo denunciado “estarían generando odio hacia el denunciante y su grupo familiar, provocándoles un daño psíquico y físico, razón por la cual solicitó el dictado de medidas tendientes a resguardar su actividad laboral y su vida personal”.
Para Saettone, la medida cautelar “no resulta desproporcionada, ya que tiene como finalidad resguardar la seguridad y tranquilidad del denunciante y su grupo familiar, sin implicar una restricción irrazonable de derechos, sino una limitación mínima y necesaria en función del riesgo advertido”. Asimismo, afirmó que la decisión “no impide el ejercicio de derechos por parte de los denunciados, sino que únicamente restringe la posibilidad de contacto con el denunciante, permitiendo compatibilizar los derechos de ambas partes y evitar situaciones de peligro”.
El juez Saettone, de 46 años, lleva más de una década en los tribunales. Fue designado al frente del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro, en Pilar, el 11 de diciembre de 2013, durante la gobernación de Daniel Scioli, del Frente para la Victoria.
Saettone no oculta su cercanía política: en su cuenta en X (ex Twitter) dedicó varios posteos a Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó como “el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia”. También se expresó sobre causas judiciales en las que la expresidenta está acusada, como la Causa Cuadernos.
Sus vínculos políticos incluyen al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al intendente de Pilar, Federico Achával. Fuera de la Justicia y la política, Saettone participó en el documental “El libro de los Jueces”, dirigido por Matías Scar